08 - Septiembre - 2026 | 20:21

¡De verdad que hay cosas que solamente pasan en la política mexicana!

Durante años, décadas completas, el reclamo fue el mismo: que los gobiernos informaran, que transparentaran, que dijeran en qué gastaban, que mostraran contratos, que explicaran cuánto costaban los eventos, las obras, los servicios y las contrataciones.

Y ahora que existe información pública, que hay contratos, que aparecen montos y que cualquiera puede consultarlos, algunos descubrieron una nueva modalidad de escándalo: ¡Acusar de corrupción porque el Gobierno transparentó cuánto pagó!

Así como lo lee.

El mundo al revés.

Porque se ha intentado construir una tormenta mediática alrededor del Festival del Mar, particularmente por la contratación de los conferencistas Diego Ruzzarin y Farid Dieck.

La cifra difundida es de 864 mil 200 pesos, IVA incluido, por la contratación conjunta de ambos.

Antes de impuestos son 745 mil pesos.

No hay que ser contador.

Una simple división arrojaría, suponiendo que el monto se hubiera distribuido por partes iguales, un equivalente de 432 mil 100 pesos por conferencia con IVA, o 372 mil 500 pesos antes del impuesto.

Y ahí comenzó el espectáculo.

¡Qué barbaridad!

¡Cuánto dinero!

¡Qué escándalo!

¡Corrupción!

Momento.

¿Dónde está la corrupción?

¿No hubo conferencias?

¿No se presentaron?

¿Se pagó por un servicio inexistente?

¿El contrato es falso?

¿El dinero terminó en una empresa fantasma?

¿Existe una observación de algún órgano fiscalizador?

¿Hay alguna autoridad investigando una irregularidad?

Si hay pruebas, adelante.

Que se presenten, que se denuncie, y que quien haya cometido una irregularidad responda.

Pero si el gran argumento es simplemente: “¡Miren cuánto pagaron!”, entonces no estamos necesariamente ante corrupción.

Estamos ante un gasto público que puede discutirse, cuestionarse, compararse y revisarse.

Precisamente porque se conoce.

Precisamente porque está transparentado.

Ahí está la enorme contradicción.

Porque quienes durante años exigieron transparencia ahora utilizan la transparencia como arma política.

¿Quién los entiende?

Y hay otro punto todavía más absurdo.

Ruzzarin y Dieck no son funcionarios públicos, ni menos son empleados del Gobierno.

Son conferencistas y creadores de contenido que cobran por su trabajo, como lo hacen artistas, cantantes, músicos, conductores, productores y cualquier otro prestador de servicios.

Las tarifas de este tipo de figuras no son uniformes.

Dependen del evento, la ciudad, traslados, agenda, duración, exclusividad, logística, requerimientos técnicos y representación.

¿Se puede discutir si valió la pena contratarlos?

Por supuesto.

¿Se puede preguntar si existían mejores alternativas?

También.

Pero otra cosa es convertir automáticamente a quienes prestaron un servicio en protagonistas de una supuesta trama de corrupción solamente porque alguien decidió exhibir cuánto cobran.

Ahí ya cambia la historia.

Porque además Veracruz tiene memoria.

Aquí sí sabemos lo que significaba la verdadera opacidad.

Sabemos lo que fueron las obras fantasmas, las empresas de papel, los contratos inexplicables, lo recursos que desaparecían, los pagos que nadie podía rastrear, los millones entregados sin claridad.

Los sexenios del PRI y del PAN dejaron suficientes historias de corrupción para entender perfectamente la diferencia entre no saber dónde quedó el dinero y tener un contrato disponible para revisar cuánto se gastó.

La diferencia es gigantesca.

Y curiosamente varios de los que hoy se desgarran las vestiduras no mostraban el mismo entusiasmo fiscalizador cuando la información ni siquiera existía públicamente.

Pero ahora sí.

Ahora hasta la calculadora sacaron.

Y bienvenida la calculadora, la vigilancia y la crítica.

Eso fortalece a cualquier gobierno.

Lo que no debería permitirse es convertir cualquier gasto público en sentencia anticipada.

Porque entonces acabaríamos cayendo en el absurdo de que ningún gobierno pudiera organizar un festival, contratar a un cantante, traer un conferencista o realizar una campaña turística sin que automáticamente alguien gritara corrupción.

Y Veracruz necesita exactamente lo contrario.

Necesita promoción.

Necesita turismo.

Necesita festivales.

Necesita actividades culturales.

Necesita mantener al estado en la conversación nacional.

Y ésa ha sido una de las apuestas de la gobernadora Rocío Nahle García: darle proyección a Veracruz, fortalecer sus destinos y generar eventos que atraigan visitantes.

Que se vigile cada peso.

Sí.

Que se revisen los contratos.

Sí.

Que se comparen precios.

También.

Pero que los ataques mediáticos no terminen provocando que el Gobierno deje de invertir en promoción, cultura y turismo solamente por miedo a la grilla.

Porque entonces los perjudicados serían los propios veracruzanos.

La Cuarta Transformación llegó, entre muchas otras cosas, bajo la promesa de terminar con la opacidad que caracterizó durante años al poder público.

Y si hoy existe información para cuestionar un contrato, significa precisamente que esa información está disponible.

Pero aún con esa información, llegan con su palabra mágica: corrupción.

Pero la corrupción no se decreta desde una publicación de X o Facebook.

Se demuestra.

La ilegalidad no se supone.

Se acredita.

Así que sí: Que transparenten todo, que publiquen todo, que expliquen todo.

Y que quien encuentre una ilegalidad vaya ante las autoridades correspondientes.

Pero cuidado con querer convertir la propia transparencia en evidencia de corrupción.

Porque entonces habremos llegado al colmo: antes criticaban porque los gobiernos escondían cuánto gastaban.

Ahora, critican porque pueden saber exactamente cuánto gastaron.

¡Ni cómo ayudarlos!

@IvanKalderon