JUSTICIA
Investigan irregularidades en trámites vehiculares de “El Costeño"
Foto: 20 minutos /
Xalapa, Ver. | 2026/11/09 - 11:04
La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga posibles irregularidades en el registro de dos vehículos que fueron inscritos a nombre del comediante Ricardo Javier Carranza Gasca, conocido como “El Costeño”, quien asegura que nunca compró las unidades y que los trámites realizados sin su consentimiento afectaron su historial crediticio.
La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la carpeta de investigación se abrió el pasado 4 de noviembre, a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
Las posibles anomalías corresponden a trámites realizados en las oficinas de Hacienda del Estado de Alvarado e Isla. En el primer caso, un remolque fue registrado a nombre del artista en 2021, mientras que en 2022 se inscribió una camioneta Chevrolet Avalanche.
Ambas unidades acumulan adeudos por 11 mil 810 pesos. De ese monto, 4 mil 985 pesos corresponden al remolque y 6 mil 825 pesos a la camioneta, obligaciones que el comediante rechaza al sostener que no es propietario de ninguno de los vehículos.
Un día antes del anuncio de la Fiscalía, el 3 de noviembre, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, reveló que fueron identificados dos exempleados de SEFIPLAN que presuntamente estarían relacionados con los movimientos administrativos. Uno trabajaba en la oficina de Isla y el otro en Alvarado, aunque ambos ya dejaron de laborar en la dependencia.
Entre las líneas de investigación se contempla el posible uso indebido de documentos personales de “El Costeño” por parte de gestores particulares. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado cómo se realizaron las inscripciones ni quiénes intervinieron en los procedimientos.
SEFIPLAN también prevé gestionar la cancelación de los registros vehiculares y revisar las posibles responsabilidades administrativas o penales de quienes participaron en los trámites.
La fiscal general indicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si hubo servidores públicos involucrados en posibles delitos. Hasta el momento, no se han informado imputaciones ni existen responsabilidades penales acreditadas.
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