| 2026/06/14 - 19:50

14 de junio de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 39 personas servidoras públicas fueron sancionadas por cometer faltas administrativas graves y no graves, derivado de investigaciones realizadas por diversas instancias federales. Entre las medidas impuestas destacan inhabilitaciones, suspensiones, amonestaciones públicas y sanciones económicas que superan los mil millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, las sanciones fueron determinadas conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que facultan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para resolver casos relacionados con faltas graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción atiende las infracciones no graves.

Uno de los casos más relevantes corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde el TFJA inhabilitó por 20 años a Roberto V., Alberto M. y José Q., además de imponer una inhabilitación de 10 años a Francisco D.

A los cuatro exfuncionarios se les aplicó una sanción económica solidaria por mil 192 millones 500 mil pesos, debido a la contratación de la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión considerados innecesarios para la prestación del servicio eléctrico durante 2017.

Entre las sanciones por faltas graves, destacan:

En el IMSS, dos exfuncionarios fueron inhabilitados por obtener beneficios económicos indebidos relacionados con la venta de guías de mensajería y la exigencia ilícita de recursos.
En la SEP, un servidor público del Tecnológico Nacional de México en Culiacán recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción económica por recibir pagos dobles mediante una plaza y honorarios.
En la SHCP, a través del INDAABIN, un exfuncionario fue inhabilitado por ocho años y sancionado con 4.9 millones de pesos por depósitos injustificados a su cuenta personal y la no devolución de un vehículo oficial.
En el Banco del Bienestar, tres personas servidoras públicas fueron sancionadas por realizar conciliaciones con información falsa y retiros sin autorización de los titulares de cuentas.
En el SAT, se aplicaron suspensiones y sanciones económicas por irregularidades en auditorías fiscales, contratación sin autorización presupuestal y actualización indebida de contraseñas de contribuyentes.

La Secretaría Anticorrupción informó que, mediante los Órganos Internos de Control y la Unidad de Responsabilidades de Pemex, se sancionó a funcionarios del IMSS, Secretaría de Cultura, Procuraduría Agraria, Guardia Nacional, Tren Maya, Profeco, CNBV, Finabien, SAT, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) e INDEP.

Las medidas incluyeron:

Inhabilitaciones de hasta un año.
Suspensiones de entre seis y 90 días.
Amonestaciones públicas por incumplimientos administrativos.
Sanciones relacionadas con negligencia médica, faltas al servicio público, incumplimiento de procedimientos administrativos y uso indebido de recursos institucionales.
Entre los casos destaca la suspensión de siete integrantes de la Guardia Nacional por presentar constancias de estudios sin validez durante evaluaciones para la portación oficial de armas.

Funcionarios pueden impugnar las resoluciones
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones emitidas en su contra.

La dependencia afirmó que defenderá cada una de las determinaciones “con la misma firmeza con que fueron dictadas”, al asegurar que las sanciones fueron impuestas con base en evidencia y conforme al marco legal vigente.

Secretaría Anticorrupción reitera combate a la corrupción
La dependencia federal reiteró su compromiso para erradicar la corrupción en la administración pública, fortalecer la integridad institucional y promover una cultura de legalidad y rendición de cuentas.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades a través de la plataforma oficial denuncias.gob.mx, con el objetivo de fortalecer la confianza en las instituciones públicas y garantizar el correcto ejercicio de los recursos del Estado.

Con información de UNOTV