| 2026/10/20 - 21:01

20 de octubre de 2026.- El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que busca reducir gradualmente el uso de efectivo y ampliar las transacciones electrónicas en México. La reforma generó críticas de legisladores de oposición y también dudas entre integrantes de Morena, por las facultades que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar en qué sectores serán obligatorios los pagos digitales.

El dictamen fue aprobado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra, estos últimos de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Posteriormente, el pleno avaló la propuesta en lo particular y la turnó al Ejecutivo federal.

La nueva legislación contempla una norma de 22 artículos y cinco transitorios, con la que se busca extender el uso de herramientas como códigos QR, tecnología NFC, tarjetas de débito y crédito, domiciliaciones y transferencias de fondos. También considera plataformas digitales y aplicaciones para modernizar el pago de trámites y servicios públicos.

Entre sus disposiciones, establece que los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria para utilizar estos medios de pago, promover su adopción y atender las contingencias que impidan su funcionamiento. Asimismo, reconoce el uso de efectivo y cheques cuando alguna situación impida realizar las operaciones digitales.

Uno de los puntos más controvertidos es la facultad que se concede a Hacienda para determinar los sectores estratégicos y las actividades en las que únicamente se aceptarán pagos digitales. Legisladores críticos de la reforma advirtieron que esta disposición podría limitar la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar, además de generar dificultades para personas sin acceso a internet o servicios bancarios.

El senador panista José Máximo García sostuvo que la propuesta se presenta como una medida de modernización e inclusión financiera, pero consideró que también abre la puerta a una mayor fiscalización. Durante su intervención, afirmó que el Gobierno busca incrementar la vigilancia sobre las operaciones económicas de los ciudadanos mediante la participación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los intermediarios financieros.

Desde el PRI, Karla Toledo cuestionó que Hacienda tenga la atribución de decidir en qué actividades será obligatorio utilizar medios electrónicos. A su juicio, esa facultad podría reducir las opciones de pago de los mexicanos y concentrar decisiones relevantes en el Gobierno federal.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo señaló que la medida podría afectar a trabajadores informales, comerciantes de tianguis, vendedores ambulantes y personas de bajos ingresos que no cuentan con servicios bancarios. También acusó al Gobierno de buscar mayores ingresos mediante una fiscalización más amplia de las actividades económicas.

La senadora priista Claudia Anaya Mota advirtió que la propuesta no establece con suficiente claridad cómo se aplicará de manera gradual, pese a que ese principio se menciona en su exposición. Además, señaló las dificultades que podría representar para una población con acceso desigual a la tecnología financiera.

Durante el debate, Anaya mencionó que 55 por ciento de la población trabaja en la informalidad, que 17 millones de personas no utilizan internet y que más de un tercio de los adultos mayores carece de cuenta bancaria. También expuso que una parte de la población ocupada en el campo permanece desconectada.

La discusión también generó cuestionamientos dentro de Morena. El senador Ricardo Sheffield Padilla expresó su rechazo a la reforma y advirtió sobre el riesgo de que el nuevo esquema propicie prácticas monopólicas. Criticó que el dictamen avanzara con rapidez en comisiones y se pronunció por revisar sus alcances.

En la misma línea, la senadora morenista Guadalupe Chavira respaldó la necesidad de revisar la redacción y reconoció que existen dudas razonables sobre algunos aspectos de la propuesta, pese a pertenecer a la bancada mayoritaria.

En contraste, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, defendió los beneficios de extender los pagos electrónicos. Argumentó que pequeños negocios, como tiendas y talleres, podrían llevar un mejor registro de sus ingresos, acreditar sus operaciones y facilitar el acceso a créditos o financiamiento. También destacó la posibilidad de reducir tiempos de traslado y espera en el pago de trámites y servicios.

Con la aprobación en ambas votaciones, la iniciativa fue enviada al Ejecutivo federal. El alcance de su aplicación dependerá de las disposiciones correspondientes y de la determinación de los sectores en los que Hacienda establezca el uso exclusivo de medios digitales, uno de los aspectos que concentró las principales objeciones durante la discusión legislativa.