Por primera vez en la historia democrática de México, las y los ciudadanos tendrán voz y voto en la elección de quienes imparten justicia. La Reforma Judicial no es solo un cambio de forma; representa un parteaguas en la manera en que entendemos la relación entre el Poder Judicial.

Esto lo ha dejado claro Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, como candidata a Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Y es que antes la elección popular de jueces y magistrados era inalcanzable para el escrutinio ciudadano, ahora, significa que los tribunales deben responder no solo a la ley, sino también al mandato público de integridad, profesionalismo y compromiso social. La reforma coloca a la ciudadanía como el eje de un nuevo modelo de justicia: uno que deja atrás los viejos pactos de élite y se abre a la evaluación pública, al voto informado y a la rendición de cuentas.

Más allá del discurso, antepone la aspirante, al señalar que la justicia, por años percibida como un poder distante, cerrado y hermético, hoy se asoma al juicio más exigente: el de la ciudadanía. Con la Reforma Judicial México da un paso inédito al abrir la puerta al voto popular para elegir a jueces y magistrados.

Esta transformación no es un mero ajuste normativo; es una señal de que el país busca una justicia no solo técnica, sino también legítima ante los ojos del pueblo.

Lisbeth Jiménez Aguirre trae una carrera envidiable en el poder judicial, y por ello, ha tenido la aceptación a unas semanas del proceso de renovación del mismo, para ser escuchada en sus tesis con propuestas.

Ha sido una de las voces más firmes en reconocer el alcance de esta reforma. “La ciudadanía debe tener voz y voto en la elección de los mejores perfiles”.

Y tiene razón pues la legitimidad de quienes imparten justicia no puede basarse únicamente en nombramientos internos o designaciones políticas. Hoy, más que nunca, se requiere una justicia que sea transparente, accesible y con vínculos reales con la sociedad a la que sirve.

De tal forma que la participación ciudadana en la renovación judicial también desmonta uno de los mitos más persistentes: que la autonomía del Poder Judicial se debilita con la apertura democrática. Por el contrario, elegir juzgadores por la vía del voto popular refuerza su independencia de los poderes fácticos y políticos, al dotarlos de una legitimidad directa. Como afirma Jiménez Aguirre, la coordinación entre poderes es necesaria en un Estado de Derecho, pero la subordinación es inaceptable. Hoy, más que nunca, el Poder Judicial debe caminar con firmeza, no a la sombra de intereses ajenos, sino a la luz del respaldo ciudadano.

El reto, por supuesto, no es menor. Elegir a los mejores juzgadores implica un ejercicio colectivo de responsabilidad. Exige de la ciudadanía información, criterio y compromiso, pero también de las y los aspirantes, una hoja de vida impecable, vocación de servicio y conocimiento profundo del derecho. En ese sentido, perfiles como el de la magistrada Lisbeth Jiménez Aguirre —con experiencia jurisdiccional, formación académica sólida y una visión clara de justicia abierta— encarnan lo que esta nueva etapa exige.